Artículo redactado por Maximiliano Saavedra Abumohor
Viernes 25 de marzo de 2022, prácticas libres del GP de Arabia Saudita. Los autos giran en Yeda y, de pronto, una columna de humo negro aparece en el horizonte. Un misil lanzado por los hutíes de Yemen acababa de golpear una planta de Aramco, a solo 11 kilómetros del circuito. Los pilotos lo vieron desde la pista. Esa noche hubo reuniones de emergencia y se habló de un boicot que finalmente se descartó. La carrera se corrió igual.
Embed from Getty ImagesLo que más me quedó de ese fin de semana no fue la decisión de correr, sino quién tranquilizó a quién. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, CEO de la F1, transmitieron a pilotos y equipos las garantías que daban los mandos militares sauditas. La lectura oficial fue que el ataque apuntaba a «infraestructura
económica» y no al evento. La federación que debía arbitrar el deporte terminó repitiendo, con su propia voz, el relato de seguridad del país anfitrión.
Eso me hizo preguntarme si la FIA sigue siendo solo el árbitro técnico que creemos conocer. Si lo pensamos, la FIA tiene un poder enorme y poco discutido. Escribe los reglamentos, provee a las personas que los aplican y cuenta con su propio tribunal de apelación. Legisla, juzga y ejecuta, sin depender de ningún Estado. Y los países que quieren un Gran Premio necesitan su visto bueno: da lo mismo cuánto dinero ofrezcan si la FIA no acepta incluir la carrera en el campeonato.
Y vaya que hay países interesados. Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes llevan años usando el deporte como herramienta de política exterior. Hablan de diversificar la economía y de modernizarse, y lo hacen con metros nuevos, ciudades enteras como Lusail y proyectos como el megacircuito de Qiddiya, con su curva de 70 metros de altura. Un Gran Premio, con un hosting fee que en estimaciones de 2016 rondaba los 25 a 50 millones de dólares al año, es parte de esa vitrina. Lo que se compra es imagen. En medio de todo eso aparece Ben Sulayem, un expiloto de rally emiratí que fue pieza clave en la llegada de la F1 a Abu Dhabi en 2009. Ganó la presidencia en 2021 prometiendo transparencia y eficiencia.
Embed from Getty ImagesEn lo financiero cumplió: la FIA pasó de perder 24 millones de euros en 2021 a un resultado positivo de 4,7 millones en 2024. Pero en el camino pasaron otras cosas. Salidas de peso como la de la directora ejecutiva Natalie Robyn y la del director de carreras Niels Wittich. Críticas feroces de gente como Tim Mayer, quien fue comisario de la F1 durante 15 años y habló de una «ilusión de transparencia». Y una reforma al artículo 12.2.1 del Código Deportivo Internacional que exige a los pilotos aprobación previa por escrito para hacer declaraciones políticas, religiosas o personales.
La justificación oficial es razonable a primera vista: que los pilotos no sean forzados a opinar sobre asuntos de países que visitan. El problema es el efecto. Cuando una regla restringe lo que puede decirse justo en las carreras que se corren en países con graves cuestionamientos de derechos humanos, la neutralidad deja de ser neutral.
Esa es la paradoja que el investigador noruego Hans Erik Næss lleva años señalando: negarse a mezclar deporte y política es, en sí mismo, una decisión política. Lo observó en Sudáfrica en 1985, en Azerbaiyán en 2016 y en Bahréin entre 2010 y 2014. Cada vez el resultado práctico fue el mismo: el gobierno anfitrión salía mejor parado.
Embed from Getty ImagesLo que me pregunto, y lo que estoy investigando en mi tesis, es si entre 2021 y 2025 esa paradoja se profundizó. La FIA no es un club democrático con contrapesos fuertes. Una evaluación de su gobernanza le dio solo un 45%, con comités y códigos de ética que existen, pero que dependen de la presidencia. Y las reglas para postularse a presidente, con listas cerradas y cupos regionales, parecen hechas para que la oposición lo tenga muy difícil.
De hecho, en 2025 el último rival de Ben Sulayem se retiró de la carrera presidencial. Cuando se nos pide que el deporte se mantenga al margen de la política, ¿a quién le conviene ese margen?
